Carnaval de Tambobamba

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miércoles, 31 de agosto de 2011

Caso Cayara



Antecedentes

El 13 de mayo de 1988, aproximadamente a las diez de la noche, un destacamento de Sendero Luminoso emboscó a dos camiones portatropas del ejército en Erusco –anexo del distrito de Cayara, en la provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho– cuando regresaban a su base militar en Huancasancos. Como consecuencia del ataque senderista, murieron el Capitán de Infantería, José Miguel Arbulú, el Sargento Segundo Vargas Tamara, el Cabo Fabián Roldán Ortiz y el Cabo Santos Espinoza De la Cruz; y resultados heridos otros quince. Los subversivos se apoderaron, además, de armas y municiones.

Al tener conocimiento de este hecho, el Jefe Político Militar de Ayacucho, General José Valdivia Dueñas, ordenó la inmediata preparación del “Operativo Persecución” que tenía como misión realizar operaciones ofensivas, a partir del 14 de mayo, en las zonas de Erusco, Huancapi, Cayara, San Pedro de Hualla y Huancaraya; con la finalidad de capturar y/o eliminar a los delincuentes subversivos que participaron en la acción; así como recuperar el armamento, munición, equipo y material del que se apropiaron y emplearon en la acción subversiva.

Los hechos

Es así que, el 14 de mayo de 1988, alrededor de las nueve de la mañana, las patrullas designadas en el Plan “Persecución” –un promedio de cien efectivos– incursionaron en el pueblo de Cayara, provincia cercana a Erusco. A la entrada de esta localidad, dieron muerte a don Esteban Asto Palomino.

Por aquellos días, el pueblo de Cayara celebraba las festividades de la Virgen de Fátima. El personal militar, reprochando su actitud y presumiendo que éstos estaban celebrando la emboscada senderista del día anterior, procedió a detener a los comuneros, separando a los hombres de las mujeres y los niños. Luego, encerró a cinco de ellos en la Iglesia de Cayara. Las mujeres que habían sido separadas escucharon los disparos provenientes de ese lugar. Posteriormente, los cadáveres de los cinco campesinos fueron hallados por los pobladores en la zona conocida como Quinsahuayco.

Por la tarde, y después de informarse que la mayor parte de los cayarinos se encontraba en la localidad de Ccehua, los miembros del Ejército se dirigieron a dicho lugar. Al llegar, los militares reunieron a la población, aproximadamente 80 campesinos, entre hombres, mujeres y niños. Los pobladores fueron acusados de haber perpetrado el ataque terrorista en Erusco y fueron obligados, mediante torturas y amenazas, a entregar las armas que supuestamente habían utilizado en el ataque. Después, seleccionaron a los varones, jóvenes y adultos, y los obligaron a echarse al suelo para después torturarlos y asesinarlos en presencia de las mujeres y niños. Murieron 20 comuneros.

Después de hacerse pública la matanza, el presidente Alan García mostró abiertamente su respaldo a las Fuerzas Armadas por la lucha contrasubversiva que venía ejecutando a nivel nacional.

El terror y el contraterror

Pero las cosas no quedaron allí. En las semanas y meses siguientes, a pesar de las denuncias formuladas por algunos parlamentarios, medios de comunicación, organizaciones defensoras de los derechos humanos y el fiscal a cargo de la investigación, los testigos fueron sistemáticamente asesinados, así como algunos presuntos senderistas denunciados por un informante anónimo.

Es así que, el 18 de mayo de 1988, efectivos militares instalados en Erusco detuvieron a Jovita García, Alejandro Echeccya y Samuel García y los llevaron hasta un paraje en la parte alta de esta comunidad donde fueron asesinadas.

Al mes siguiente, efectivos del Ejército regresaron a Cayara para secuestrar a Guzmán Bautista, Gregorio Ipurre, Humberto Ipurre, Benigna Palomino y Catalina Ramos. Los dos primeros fueron testigos de la masacre ocurrida el 14 de mayo pasado y los otros tres eran padre, madre y hermana del detenido Ipurre. Guzmán Bautista habría hablado con las delegaciones de parlamentarios y con la revista “Caretas” acerca de lo ocurrido en Cayara.

En diciembre de ese año, Justiniano Tinco, Fernandina Palomino y Antonio García, también testigos de la matanza, fueron asesinados por personas encapuchadas quienes detuvieron el camión donde se trasladaban, cerca de la comunidad de Cayara.

En setiembre de 1989, un año y cuatro meses después de la primera masacre, la última testigo importante que quedaba, Marta Crisóstomo, fue asesinada a manos de encapuchados que vestían uniforme militar.

La investigación fiscal

Días después de la masacre, los sobrevivientes denunciaron los hechos en Ayacucho. El fiscal Carlos Escobar Pinedo, fue designado para encargarse de la investigación.

El 10 de agosto de 1988 se informó sobre la existencia de tumbas en un paraje denominado Pucutuccasa, a cuatro horas de Cayara. El fiscal Escobar exhumó, de acuerdo a ley, los tres cuerpos hallados e identificó a Alejandro Echaccaya Villagaray, Samuel García Palomino y Jovita García Suárez, quienes habían sido detenidos el 18 de mayo durante la intervención militar en Erusco. Flavia García Suárez, hermana de esta última, identificó a los tres cadáveres y se levantó acta de exhumación.

De acuerdo a la versión de la fiscalía, el grupo encabezado por Escobar sólo trasladó el cadáver de Jovita García Suárez ya que no contaba con facilidades de transporte. Cuando los investigadores retornaron días después advirtieron que los otros dos cuerpos habían sido retirados de las tumbas. Sin embargo, quedaban restos como manchas de sangre, cabello humano, pedazos de ropa, etc. Era evidente que el traslado de esos cadáveres sólo se pudo realizar por una fuerza capaz de controlar regularmente la zona.

Los medios de comunicación señalaron que el General José Valdivia exigió al oficial de la PIP que acompañó a Escobar, información sobre los hallazgos del fiscal.

La necropsia a Jovita García estableció que estaba embarazada, presentaba diversas fracturas en las extremidades y tenía el cráneo destrozado. Su muerte había sido por traumatismo encéfalo craneano grave o por lesión punzo cortante a nivel del corazón. Luego, intentando encubrir estos hechos, el Ejército informó que Jovita García era su informante y que su muerte había sido causada por Sendero Luminoso

Posteriormente, el fiscal Carlos Escobar, fue trasladado, luego destituido y finalmente, amenazado, lo cual lo obligó a refugiarse en el extranjero.

La investigación parlamentaria

El 23 de mayo de 1988, el Senado nombró una Comisión Investigadora presidida por el entonces senador Carlos Enrique Melgar. Esta comisión destacó por su lentitud, superficialidad y parcialidad pues sólo viajó a Cayara el 4 de junio de ese año y durante sus tres días de estadía, se dedicaron fundamentalmente a conversar con los Jefes Militares, eludiendo comunicaciones directas con los testigos y renunciando a recoger mayores pruebas de investigación.

Esta Comisión emitió su informe el 8 de mayo de 1989 en la cual concluyen que no se habrían cometido los delitos denunciados al considerar que el Alcalde de Huamanga denunció los hechos sabiendo que eran falsos y que lo hizo con fines políticos para evitar que miembros del ejército continúen con la búsqueda y captura de los subversivos que participaron en la emboscada del 13 de mayo de 1988. De los siete miembros, cuatro suscribieron estas conclusiones. Los demás, presentaron un informe en minoría que distaba considerablemente de presentado por mayoría.

Significado

La masacre de Cayara es significativa por varias razones. Primero, porque representó una vuelta de tuerca con respecto a las violaciones de los derechos humanos de un gobierno que empezó su gestión señalando que no toleraría esas violaciones. Segundo, porque fue un hecho evidente, donde quedaron pocas dudas de la responsabilidad de los culpables en el asesinato de pobladores de ese pueblo ayacuchano.

Tercero, porque a pesar de las pruebas, toda la maquinaria del Estado se prestó al encubrimiento, incluyendo a parlamentarios, jueces y fiscales, mostrando que se trataba de un hecho aislado, un “exceso” cometido por personas fuera de control en el fragor de la batalla. Sin embargo era evidente que este crimen fue producto de la implementación de políticas sistemáticas violatorias de derechos humanos implantadas en este período, tal como concluyó en su dictamen el senador Javier Diez Canseco y como había señalado tres años antes el senador aprista Javier Valle Riestra a raíz de la masacre de Accomarca (agosto de 1985).

Por último, como hecho anecdótico, cabe señalar que fue precisamente el caso Cayara el que permitió a un abogado –quien en ese entonces se ocupaba de casos de narcotráfico y que había llegado a asesorar a varios fiscales supremos– restablecer sus vínculos con el Ejército, institución que lo había expulsado, procesado y condenado en 1976. Ese abogado era Vladimiro Montesinos Torres.

Montesinos usó sus influencias en el Ministerio Público para prestar un “servicio” a los mandos militares y contribuyó a evitar que los responsables de la masacre fueran procesados. Gracias a esos “servicios” fue admitido nuevamente en el Servicio de Inteligencia Nacional en 1989, trabajó que usó para relacionarse en 1990 con el candidato, y luego presidente del Perú, Alberto Fujimori.



Delitos de lesa humanidad

En la fecha en que se perpetró el crimen, el Estado Peruano había suscrito y ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, que establecen un núcleo duro de derechos no derogables, ni postergados en tiempos de conflicto. Además de lo establecido por los Convenios de Ginebra, estos instrumentos internacionales forman parte de nuestro derecho nacional, tal como lo prescribe la Constitución Política de 1979 y 1993. Con ello, la legalidad e imprescriptibilidad del Homicidio Calificado-Ejecución extrajudicial, y la desaparición forzada estaba vigente en el año de 1988.

En el 2005, la investigación abierta por la fiscal Cristina Olazábal sobre el crimen de Cayara devolvió la esperanza para los familiares de las víctimas en su logro de justicia, aún cuando los responsables, entre ellos, el ex presidente Alan García, vienen obstaculizando y dilatando el proceso.

García fue citado en tres oportunidades (dos en Ayacucho y una en Lima) por la fiscal Olazábal para responder interrogantes respecto del caso Cayara. Sin embargo no asistió a ninguna de ellas, aludiendo carecer de recursos para trasladarse a Ayacucho. Al respecto, las organizaciones de afectados por la violencia política en Ayacucho decidieron realizar una colecta para pagar los gastos de viaje. Finalmente acudió a la cuarta citación realizada en Lima el 13 de abril de 2005. El interrogatorio estuvo a cargo del fiscal Mario Gonzáles, quien anteriormente había archivado la denuncia por el caso Frontón –masacre ocurrida durante su gobierno y por el cual también éste tenía responsabilidad– argumentando la prescripción del delito.

Desde el inicio de la investigación por éste y otros casos de violaciones a los derechos humanos, la fiscal Olazábal fue objeto de críticas y hostigamientos por parte de representantes del Partido Aprista. Sin embargo, las organizaciones de afectados brindaron su respaldo la labor de la magistrada, así como solicitaron el apoyo respectivo para que continúe al frente de las investigaciones.

El 19 de mayo del mismo año, la fiscal especializada en derechos humanos, Cristina Olazábal, denunció penalmente ante el Poder Judicial de Huamanga al ex presidente Alan García por su presunta responsabilidad en esta matanza. La acusación señala que el ex mandatario sería responsable de los delitos de omisión impropia, al no haber impedido ni denunciado el hecho en su calidad de Presidente de la República; encubrimiento personal, por no haber señalado a los responsables y autoría intelectual de la masacre, por haber presuntamente ordenado las acciones militares. Junto a García fue denunciado el ex jefe político militar de Ayacucho, José Valdivia y otras 123 personas.

El 1 de julio de 2005, la jueza Miluska Cano abrió proceso judicial contra 114 efectivos militares implicados en este crimen, absolviendo al ex presidente García y a otros altos mandos políticos y militares, entre ellos ex ministros y ex parlamentarios durante su gestión.

Hasta el momento se han realizado varias exhumaciones en donde se ha logrado recuperar restos óseos carbonizados. Actualmente, está pendiente de iniciarse el juicio oral.





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