El 26 de enero de 1983 ocho periodistas de distintos medios de Lima -Eduardo De la Piniella y Pedro Sánchez (de El Diario de Marka), Willy Retto y Jorge Mendívil (de El Observador), Jorge Sedano (de La República) y Amador García (del semanario Oiga)- y Ayacucho -Félix Gavilán (corresponsal de El Diario de Marka) y Octavio Infante-, fueron asesinados en la localidad de Uchuraccay, en las alturas de la provincia de Huanta, Ayacucho. Junto con ellos también fueron muertos su guía, Juan Argumedo, y el comunero Severino Morales Ccente, quien se opuso al asesinato de este último. El crimen quedó prácticamente impune ya que al cabo de 4 años sólo se condenó a tres de los 18 comuneros que fueron sindicados como autores directos del crimen. En cambio, ni siquiera se capturó al resto de los participantes del mismo. Tampoco se castigó al personal castrense que instigó el asesinato, ni al general Clemente Noel Moral, quien en todo momento obstruyó la acción de la justicia y fue responsable de una estrategia antisubversiva que alentó la participación de las comunidades de Ayacucho en las ejecuciones extrajudiciales a presuntos senderistas. Los periodistas fueron asesinados cuando se dirigían hacia Huaychao, una comunidad vecina de Uchuraccay, a averiguar por la muerte de siete presuntos senderistas a manos de los comuneros del lugar, ocurrida unos días antes (el 20 de enero). Los hombres de prensa sospechaban que los autores de esas muertes eran las fuerzas del orden. Desconocían que entre las comunidades se había puesto en marcha un plan que promovía la liquidación de todo sospechoso de pertenecer a la subversión. Tampoco sabían que Uchuraccay había sido visitada recientemente por una patrulla de la Marina, que había indicado a los comuneros que "los amigos vienen por aire, los enemigos llegan por tierra" y los había azuzado a eliminar a cualquier extraño que llegara a pie hasta el lugar. A pesar de atravesar múltiples controles militares, en ningún momento fueron advertidos de la peligrosidad de la zona. Según testigos, mientras los hombres de prensa se encontraban en la casa de Fortunato Gavilán, teniente gobernador de Uchuraccay, la esposa de éste avisó a una patrulla policial-militar, que se encontraba en la casa comunal, del arribo de senderistas para atacar la comunidad. Las fuerzas del orden interceptaron a las víctimas, mientras que una gran cantidad de comuneros les propinaron golpes con palos, machetes y piedras hasta matarlos. Posteriormente los comuneros de Uchuraccay capturaron al guía Juan Argumedo, quien regresaba a su fundo, después de dejar a los periodistas. Lo mataron, al igual que a Severino Huáscar Morales Ccente, quien se opuso al asesinato del guía. Los cuerpos de los reporteros fueron enterrados semidesnudos, de a dos y de cara a la tierra. Según las costumbres del lugar, esa no sería la forma como enterraban a los muertos. Sólo Severino Morales fue enterrado en el cementerio de Uchuraccay. Juan Argumedo después aparecería enterrado cerca de un camino que lleva a Huanta. El 29 de enero, hombres de prensa, parlamentarios, el juez Hugo Molina Ordóñez y un fuerte contingente militar y policial arribaron a Uchuraccay para exhumar los cadáveres de los periodistas asesinados. El general Noel sostuvo que el ataque a los periodistas se produjo porque los comuneros los confundieron con senderistas, ya que, según él, llegaron portando una bandera roja y gritando arengas subversivas. Según él, el crimen fue resultado de la imprudencia de los periodistas y de la ignorancia de unos comuneros, quienes habrían confundido las cámaras fotográficas con armas de fuego. Los hechos posteriores desmintieron al militar. El gobierno dispuso la constitución de una Comisión Investigadora, presidida por Mario Vargas Llosa. A principios de marzo, la Comisión Investigadora, que no tuvo atribuciones judiciales, emitió su informe. No señaló ninguna responsabilidad concreta por el crimen y mas bien se responsabilizó a la sociedad entera. Indicó que la primera responsabilidad de lo ocurrido corresponde a Sendero Luminoso. La actitud de los comuneros contra los periodistas fue explicada por el extremo "aislamiento" en que ésta vive. La investigación policial y judicial presentaron serias deficiencias. No hubo detenidos, a pesar que muchos de los participantes en el crimen se había autoinculpado públicamente. Posteriormente, muchos de los testigos y presuntos responsables desaparecieron o fueron asesinados en circunstancias sospechosas. Algunos testigos fueron amenazados para que no declaren o para que desinformen a los magistrados. En marzo de 1987, un Tribunal Especial -presidido por Luis Serpa Segura, e integrado por los vocales César Tineo y Arsenio Oré Guardia- sentenció a Dionisio Morales, Simeón Aucatoma y Mariano Ccasani a 10, 8 y 6 años de penitenciaría, respectivamente. Estableció como atenuantes de su responsabilidad la condición "semicivilizada" de los campesinos y la instigación de que fueron objeto por las fuerzas del orden. Este Tribunal desestimó la acusación contra el general Clemente Noel, como autor intelectual del crimen. En cambio, se aceptó la acusación contra éste por delitos contra la administración de justicia los deberes de función y abuso de autoridad. Sospechosamente, Enrique Colfer, juez del 27° Juzgado de Instrucción de Lima, permitió la prescripción de los delitos por los cuales fue encausado Noel. | 
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